ORDENA SCJN LIBERAR A LOS 12 PRESOS POR CASO ATENCO

México, DF. Los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon la libertad de los 12 detenidos desde mayo de 2006 por los sucesos de San Salvador Atenco, estado de México.

Por mayoría de cuatro votos contra uno, los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle -quien fue condenado a 112 años de prisión por secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación-  Felipe Alvarez Medina y Héctor Galindo, recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, quedaron liberados.

Al concederles el amparo “liso y llano”, los acusados quedarán libres una vez que la notificación llegue a las autoridades de los penales en donde se encuentran presos.

Los ministros determinaron que en el caso Atenco se usaron pruebas ilegales con las que se intentó acusar a los atenquenses de un delito que no cometieron, es decir, no se demostró el delito de secuestro equiparado, toda vez que la retención de funcionarios mexiquenses se dio en un contexto político-social de presión a las autoridades para que atendieran demandas en beneficio de la población.

A este respecto, la ministra Olga Sánchez Cordero apuntó que funcionarios mexiquenses se comprometieron a dialogar con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y demandaron la presencia del secretario de Educación de la entidad.

Recordó que los manifestantes se esperaron sin éxito la llegada de los servidores públicos mexiquenses, por lo que decidieron trasladar a los detenidos a otra sede, lo que trató de ser impedido por corporaciones policiales.

El único voto en contra de tales argumentaciones provino del ministro José de Jesús Gudiño.

El nombre del resto de los detenidos que obtuvieron su libertad por unanimidad de los ministros son Óscar Hernández Pacheco, Rodolfo Cuéllar Rivera, Julio César Espinoza Ramos, Juan Carlos Estrada Cruces, Édgar Eduardo Morales Reyes, Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández y Alejandro Pilón Zacate, quienes permanecen en el penal Molino de Flores con penas apenas superiores a 30 años.

Las condenas que pesaron sobre los atenquenses -dictadas por un juez del estado de México a petición de la Procuraduría de Justicia mexiquense- fueron una de “maquillaje institucional para criminalizar la protesta social”, expresó en su momento Juan Silva Meza.

A la sesión asistió la activista y Premio Nobel de la Paz 1997, Jody Williams, quien calificó la resolución como una decisión histórica y que los ministros están diciendo que con ello “los derechos humanos valen” y que es un día en el que “México ha ganado justicia”.

A este amparo, se suma la resolución que en 2009 emitió la Corte en la que advierte que en los disturbios de mayo de 2006 sí hubo violación grave de garantías individuales por parte de los elementos de seguridad que realizaron el operativo.

Al exterior del edificio de la Corte integrantes del FPDT, quienes mantenían un plantón desde hace varios meses, celebraron el hecho junto con la esposa de Ignacio del Valle, Trinidad Ramírez, quien indicó que esto no es concesión ni regalo de la Suprema Corte, sino una resolución congruente con los argumentos jurídicos.

En un mitin que se organizó frente a la puerta principal del Alto Tribunal, Trinidad Ramírez dijo que con esta decisión se demuestra que el gobierno federal y del estado de México “no son invencibles”.

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